La influencia de la hacienda y la encomienda coloniales en el liberalismo colombiano

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Cuánta razón tenía el expresidente López Michelsen cuando declaró: “El partido Liberal está enfermo y necesita comprometerse en una nueva era para reformar su organización y su ideología (…) Los liberales que tradicionalmente se han descrito como una fuerza de Centro-Izquierda, giraron en las últimas décadas hacia la derecha y se olvidaron de su justificación histórica: las causas sociales que en otra época lo identificaron como el partido del pueblo colombiano”.
Por: Alpher Rojas
Cuatro de los muchos esfuerzos por modernizar la estructura y los programas del Partido Liberal Colombiano en el siglo XX, encaminados a fortalecer su democracia interna y a asegurar la supervivencia de su proyecto histórico como instrumento de cambio de la sociedad, terminaron en la retoma avasalladora –a menudo sangrienta- del Partido por sus adversarios internos en impúdica alianza con sectores tradicionales retardatarios o sometidos al coloniaje de modelos económicos proclives a la concentración de la riqueza, la propiedad y las oportunidades.
Tales proyectos, en su hora encabezados por Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, la utopía consoladora (como la llamó el estadista Luis Villar Borda) del Movimiento Revolucionario Liberal –y aún-, por el pragmatismo visionario de Carlos Lleras Restrepo, tanto como la Asamblea Liberal Constituyente, con sus grandes foros ideológicos orientados por la SEAP –que presidia el brillante tratadista público Hernando Agudelo Villa-, no pudieron realizarse plenamente debido a la presión de las fuerzas reaccionarias cuya intervención abortó ideas centrales que entrañaban cambios audaces y profundos en la estructura socioeconómica del país.

En la primera mitad del siglo XX, el liberalismo democrático de izquierda social, fue el principal inspirador de las reformas progresistas. Actuó para proteger a las clases sociales menos favorecidas y a los sectores medios de la población al instituir la intervención del Estado, la modificación de la estructura de la propiedad y fomentar la industrialización del país. Ese liberalismo impulsó entusiastamente la agricultura y la ganadería; defendió la industria cafetera y puso al servicio del campo instituciones de fomento y de crédito para el desarrollo de sus empresas.

De hecho, el liberalismo ha sido el principal actor de las reformas económicas y sociales. Sus luchas se identificaron siempre con la emancipación de los esclavos, el sufragio universal directo y secreto, la independencia de la mujer, la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho del pueblo a una educación gratuita y obligatoria, las libertades de imprenta, de cultos, de enseñanza y de asociación, de huelga, las prestaciones sociales, el salario mínimo, el derecho a la negociación colectiva y los desarrollos de la seguridad social.

Instauró avanzadas políticas sociales en salud, educación y vivienda y creó el estatuto de descentralización política y fiscal. Pero era poco frente a los grandes desafíos nacionales, cuya atención demandaba una transformación estructural del partido, mayoría indiscutible en todo el país.

Sin embargo, la falta de sostenibilidad de dichas políticas por los dirigentes del liberalismo (especialmente de los “caciques” regionales y locales y las oligarquías directivas) llevó a que esta Revolución democrática se convirtiera en “Un proyecto político inconcluso”.

Aparecieron signos negativos que ensombrecieron el optimismo de los demócratas. La razón de ser de ese partido histórico fue quebrantada súbitamente por el advenimiento de los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-82) –jefe de la confederación de caciques regionales- y a quien la revista Alternativa asoció con las mafias del narcotráfico (y del contrabando) y en cuyo gobierno, bajo el denominado “Estatuto de Seguridad”, se produjeron las más crueles violaciones a los derechos humanos: homicidios extrajudiciales, torturas y desapariciones de decenas de representantes del arte, la cultura y la oposición política sólo comparables con la espantosa tiranía de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Luego vino el modelo neoliberal de César Gaviria Trujillo (1990-1994), cuyo gobierno constituyó un abierto desafío a los principios socialdemócratas; impuso el Estado mínimo, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, las contrarreformas a la salud, a la educación y al trabajo, aprobadas en coordinación con el entonces senador Uribe Vélez, que comprometieron el ímpetu transformador del liberalismo y anularon su legado histórico. 

En este punto, es importante recordar que la organización tradicional de este partido, descansó –en los últimos tiempos- esencialmente en prácticas y costumbres no escritas, diríase consuetudinarias. Esta circunstancia permitió el influjo pernicioso del gamonalismo, del clientelismo y del nepotismo de clanes familiares que obstruyen los canales de ascenso democrático.

Por otra parte, los Investigadores de La Fundación Arco Iris, han documentado el dominio de la parapolítica en la estructura del partido, muchos de cuyos actores están hoy presos, aunque aseguran su vigencia política con los avales que la DLN les entrega, elección tras elección, a sus parientes y paniaguados sin formación política para asegurarse hereditariamente sus feudos electorales.

El cabal entendimiento de esta situación precisa de la identificación de su trasfondo histórico y teórico, que encontramos con el auxilio de las ciencias sociales y sus herramientas de investigación, principalmente de la historia y la sociología.

El sociólogo francés Maurice Duverger, en su paradigmático trabajo “Los Partidos Políticos”, advierte que “es necesario comprobar la influencia de la génesis de un partido sobre su estructura definitiva”. Siguiéndolo, el investigador Fernando Guillen Martínez, en su estudio “El poder político en Colombia”, advirtió cómo los tipos de sociabilidad prepolítica, heredados de la encomienda y de la hacienda coloniales, iban a incidir en las sociabilidades propiamente políticas, que constituirían la base social de los partidos tradicionales durante todo el siglo XIX y buena parte del XX.

Es decir, que la organización de la vida social de la colonia temprana iba a condicionar las formas ulteriores de agrupamiento colectivo. Por ello el científico social Néstor Miranda Ontaneda, considera que la encomienda constituye “el pecado original” donde se genera el comportamiento clientelista que caracteriza nuestra vida política.

Por ello, y ante la advertencia de la Internacional Socialista, en el sentido de que el liberalismo había cambiado de rumbo ideológico, la Asamblea Liberal Constituyente, refrendada por 2.6 millones de ciudadanos en las elecciones de marzo de 2001, puso en vigencia nuevos estatutos y una estructura moderna, participativa, con valores democráticos. Para convertirlo en un partido de masas, horizontalizo y “desparlamentarizó” sus instancias directivas y convocó el ingreso de sectores sociales e identidades emergentes, pues el propósito central era el de influir en la modificación de la estructura del sistema dominante. El Instituto del Pensamiento Liberal, se encargaría de adelantar la promoción pedagógica de la cultura política democrática para ampliar las formas y los contenidos de la participación de la ciudadanía en la construcción de su propio destino.

Sin embargo, contra la voluntad de lo estatuido colectivamente, la pequeña corriente neoliberal y privatizadora del expresidente César Gaviria –con el agreement de los dirigentes Samper y Serpa- se tomó el partido, y su pupilo Rafael Pardo (quien “heredó poderes” de Simón Gaviria), usurpó las funciones del Congreso nacional del PLC y dio marcha atrás a la gran transformación, burló el proceso democrático, eliminó de la organización del Partido al Tribunal de Garantías, acabó con la participación de los sectores sociales y abiertos y exterminó las secretarías de participación, entre otras medidas autocráticas.    

El Consejo de Estado declaró nula esa “reforma” y sentenció que Pardo “vulneró gravemente la moralidad administrativa” y le ordenó restituir los organismos abolidos y restablecer la vigencia de las normas legítimas. Paradójicamente hoy, Pardo es el candidato de la DLN a la Alcaldía de Bogotá.


Cuánta razón tenía el expresidente López Michelsen cuando declaró: “El partido Liberal está enfermo y necesita comprometerse en una nueva era para reformar su organización y su ideología (…) Los liberales que tradicionalmente se han descrito como una fuerza de Centro-Izquierda, giraron en las últimas décadas hacia la derecha y se olvidaron de su justificación histórica: las causas sociales que en otra época lo identificaron como el partido del pueblo colombiano”. 

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