Colombia: territorios en disputa, luchas por el sentido y nueva hegemonía

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La situación de la provincia de Sugamuxi y el lago de Tota, y la disputa con las petroleras, se replica a lo largo y ancho del país. El mapa de conflictos ambientales de gran envergadura en Colombia, realizado por el Atlas Global de Justicia Ambiental en 2014, sitúa a nuestra nación como el líder latinoamericano de confrontaciones entre empresas extractivas y comunidades, con 72 de gran magnitud.

Por: Felipe Pineda Ruiz / Democracia en la Red

Recientemente, varios miembros de este espacio en común que hemos creado un grupo de jóvenes, al que denominamos Somos Ciudadanos, tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la audiencia ambiental realizada en el municipio de Pesca (Boyacá) el pasado 6 de noviembre. La misma tenía por objetivo socializar ante las comunidades la tentativa de la multinacional francesa, Maurel & Prom, de hacer exploración y explotación petrolera en inmediaciones de la laguna de Tota, espejo lacustre más grande del país.

La travesía tuvo un invitado especial, quien sensibilizado por el desastre ambiental en ciernes nos acompañó: el escritor William Ospina. La audiencia se convirtió en la oportunidad perfecta para ahondar en su espíritu indómito y creativo e indagar sobre sus posiciones sobre el quehacer nacional.

Las profundas reflexiones de Ospina, colmadas de una caracterización aguda de la clase política nacional se desarrollaron en paralelo a la indignación reinante, de los campesinos y los habitantes de la zona, quienes al unísono emplazaban a la multinacional, los entes gubernamentales y las autoridades ambientales con frases como “fuera”, “mentirosos” “no los queremos”, o el creativo “Sugamuxi no cambia su agua y su suelo por overol petrolero”.

El momento sirvió para, indirectamente, recrear la concepción de multitud spinoziana y soñar, por algunas horas, en la construcción de una voluntad nacional-popular colectiva de nuevo tipo que deje atrás a la partidocracia y abra el camino para romper con el novel bipartidismo, conformado por el uribismo y el santismo, y para pensar en alternativas que dejen atrás al caduco eje izquierda-derecha.

Ospina, en medio de la indignación reinante no paraba de hacer un alto en el camino y cavilar “se requieren menos disertaciones de expertos y más momentos asamblearios para oír a los que no han hablado, se requiere crear unos diálogos más ciudadanos y transversales sobre los 10 o 20 temas más significativos para el futuro del país” Ospina acompañaba dicha reflexión con una pregunta transversal¿qué es lo que puede producirnos la sensación de integrarnos sin que aparezca la aparatosa instrumentalización política de siempre?”.

La necesidad de acabar con la vorágine de la paz para poner en el centro de la agenda temas ciudadanos y territoriales

Mientras el Gobierno acaba de firmar una paz, en función de una agenda de negocios particular o Paz Neoliberal, en las urbes y en los territorios el hastío hacia la clase política en general, y hacia la triada Uribe/Santos/Farc, crece.

Esta coyuntura abre una inmejorable ventana de oportunidad para crear una nueva mayoría social y ciudadana, conformada por las gentes del común, que ponga en la palestra pública tópicos que atañen a los intereses de las mayorías urbanas: servicios y salud pública, economía, reforma tributaria, acceso a la vivienda, educación, movilidad, lucha por el patrimonio público y lo público en general.

Esta nueva convergencia transversal, de sectores afectados por el modelo económico dominante actual, tendría que impulsar temas que hacen parte de la agenda del siglo XXI: redensificación urbana, energías limpias, economías colaborativas y una reflexión, a fondo, sobre el futuro de nuestra maltrecha democracia.

El momento es el indicado para poner en marcha, y en simultáneo, un proceso destituyente, para sacar del poder a las élites, y un proceso constituyente, en donde el pueblo se conforme como tal. Dicho conglomerado ciudadano tendría que comenzar por canalizar el descontento de esa multiplicidad de demandas no resueltas por el Estado, y sus instituciones, y a ese cúmulo de sectores subalternos locales que disputan contra el establecimiento un tipo de ordenamiento territorial de nuevo tipo, en cabeceras municipales y zonas rurales.

Este nuevo sentido gira en torno a la autodeterminación de las comunidades de decidir sobre el uso de sus fuentes hídricas, su medio ambiente y su suelo, en clara confrontación contra los proyectos mineros, inmobiliarios, hidroeléctricos y petroleros a lo largo y ancho del país.

En tiempo presente esto viene sucediendo: aquellas nuevas voluntades territoriales-populares se están revelando contra la agenda corporativa y corrupta de las instituciones, y las multinacionales, y están actuando independientemente del cabildeo de las élites.

La disputa en las urbes

En las zonas urbanas los conflictos ambientales por la defensa de las fuentes hídricas, los cerros y los humedales, amplían dicho mapa y territorio de inconformidad. El desecamiento de fuentes hídricas; la construcción ilegal de opulentos edificios en los cerros orientales y la contaminación y urbanización ilegal de predios pertenecientes a los humedales del occidente de Bogotá amenazan a la ciudad sostenible del nuevo milenio.

La creciente sumatoria de comunidades desplazadas por el modelo en las urbes, en el caso bogotano acrecentado por la arremetida privatizadora, realizada por la administración Peñalosa, pone en el ojo del huracán a quienes representan la ciudad enajenada para unos pocos, en clara confrontación contra quienes defienden el derecho y el disfrute de la ciudad para las mayorías.

Esas resistencias a las tentativas neoliberales de lucro, despojo y barbarie se vienen entrelazando y provocando un proceso de movilización y disputa contrahegemónica subalterna, basada en la división del espacio social colombiano entre un nosotros (la amalgama de sectores subalternos disgregados) y un ellos (la élite)2.

Esa diáspora diversa de actores, que hacen política desde sus espacios y que rechazan la representatividad suplantada por la partidocracia y la clase política en su conjunto, conformada por colectivos políticos, culturales, ambientales, asociaciones campesinas y comunales aumentan el distanciamiento entre las élites y la diversidad de sectores subalternos.

Al mejor estilo gramsciano la gente en las ciudades y en el campo viene, aunque sin la emancipación requerida para lograrlo, construyendo sentido mediante la “articulación de lo disperso, en un terreno no exento de conflictividad”3.

Cognitariado: la nueva clase trabajadora

En las ciudades principales e intermedias, un nuevo conglomerado social –de nuevo tipo- conformado por personas entre los 18 y 40 años, atomizado políticamente y permeado por el chip del individualismo, denominado cognitariado, emerge como uno de los sectores más numerosos de la clase media. Son millares de citadinos jóvenes, vulnerables e inconformes, que probablemente debieron acudir a las urnas a votar No, en señal de protesta contra un clima de malestar social creciente que les afecta.

El cognitariado, es uno de los grupos más perjudicados por la destrucción de los derechos sociales y laborales en el país. En su mayoría lo conforman universitarios que pagan sus estudios mediante acreencias con el sistema bancario; trabajadores que ofrecen sus conocimientos intelectuales a cambio de contratos cada vez más desregulados y usuarios insatisfechos con las EPS privadas.

La construcción de nueva hegemonía territorial en torno a la superación del extractivismo

De vuelta a los territorios, la situación de la provincia de Sugamuxi y el lago de Tota, y la disputa con las petroleras, se replica a lo largo y ancho del país. El mapa de conflictos ambientales de gran envergadura en Colombia, realizado por el Atlas Global de Justicia Ambiental en 2014, sitúa a nuestra nación como el líder latinoamericano de confrontaciones entre empresas extractivas y comunidades, con 72 de gran magnitud4.

Las consultas populares que se han realizado en municipios como Tauramena (Casanare), Piedras (Tolima), y la que sigue su curso en la ciudad de Ibagué, ponen a las luchas ambientales y territoriales como uno de los ejes centrales de construcción de nuevas mayorías sociales en el país.

El caso paradigmático de la provincia de Sugamuxi, donde geográficamente se ubica la laguna de Tota, plantea un nuevo tipo de consulta popular supra municipal, y más de índole regional, en proceso de construcción, que invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para responder la siguiente pregunta ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en la provincia de Sugamuxi se ejecuten proyectos y actividades petroleras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística de la región?

En suma, el derecho a la ciudad y al territorio, marcan una verdadera contradicción de fondo entre la clase política y el país político enfrentado a los anhelos de la sociedad civil.

Dirimir la disputa, entre capital/elites versus nuevas mayorías, viene abriéndose camino…

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